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En el año 1980, Federico Herrero, dictó una serie de conferencias de teatro, entre ellas el tema de la actuación, …

  En el año 1980, Federico Herrero, dictó una serie de conferencias de teatro, entre ellas el tema de la …

Actuación, Buster Keaton, Federico Herrero Federico Herrero, director y profesor de teatro, nos comenta que a veces en las escuelas …

– D-nsas y acusaciones llegaron a un acuerdo para que no entraran en prisión. Las penas son inferiores a los dos años y ninguno de los tres tiene antecedentes. La Audiencia decidió que debían cumplir la condena en aras al principio de “prevención general” de la corrupción. Tienen cinco días para solicitar un indulto al Gobierno. La Audiencia de Barcelona ha confirmado este martes la resolución que obliga al empresario andorrano Fidel Pallerols y a los excargos de UDC Lluís y Vicenç Gavaldà a ingresar en prisión para cumplir las penas de hasta año y medio de cárcel que se les impusieron por fraude en subvenciones. Con el voto particular de un magistrado, la sección segunda de la Audiencia desestima así los recursos que presentaron las d-nsas de los tres condenados contra el auto que les obliga a cumplir las penas de prisión fijadas en la sentencia que pactaron con las acusaciones , pese a ser inferiores a dos años y carecer de antecedentes penales. En una sentencia de conformidad, el empresario andorrano y el exsecretario de Organización de UDC Vicenç Gavaldà fueron condenados en enero pasado a siete meses de prisión cada uno y el exdirector general de Empleo Lluís Gavaldà a año y medio por el desvío de subvenciones públicas del caso Pallerols , en el que el partido democristiano fue condenado como responsable civil subsidiario . La Audiencia obliga a los procesados a cumplir las penas de prisión impuestas, aunque les da un plazo de cinco días para que acrediten haber solicitado ante el Ministerio de Justicia una petición de indulto , lo que podría implicar la suspensión de la pena a la espera de que el Gobierno resuelva sobre el mismo. En su auto, que es firme, el tribunal se remite a los argumentos que ya esgrimió en su anterior resolución , en la que acordó que los procesados por el caso Pallerols debían cumplir las penas de prisión que pactaron en aras al principio de “prevención general” de la corrupción . Al ser inferiores a los dos años de cárcel y carecer de antecedentes, los condenados podrían haberse librado de ir a prisión si así lo hubiera acordado el tribunal, pero la Audiencia rechazó concederles el beneficio de suspensión de la condena y también conmutarles la pena de prisión por una multa, en contra del criterio de la Fiscalía. El tribunal admite en su auto que los procesados “están totalmente insertados en la sociedad” , pero descarta que su ingreso en prisión suponga “un factor criminógeno” ni frustre los fines de reinserción de la condena, teniendo en cuenta su edad, educación y estatus socioeconómico. “La finalidad del beneficio de suspensión de la ejecución nunca ha sido ni es evitar el ingreso en prisión de cualquier persona que, condenado a penas menores de dos años, fuere delincuente primario o asimilado”, añade la sala, que insiste en que en este caso debe primar el principio de “prevención general”. Indulto in extremis En su auto, el tribunal admite que la enfermedad cardiovascular grave que ha alegado el condenado Lluís Gavaldà para recurrir su ingreso en prisión puede servir para justificar la petición de indulto al Gobierno que, de hecho, las d-nsas de los tres imputados ya han anunciado que solicitarán. Precisamente, en base a ese anuncio de petición de indulto, el tribunal ha concedido un plazo de cinco días a las d-nsas de los procesados para que acrediten la presentación de ese recurso -lo que ya ha hecho el abogado de Vicenç Gavaldà-, tras lo que la Audiencia resolverá si les suspende provisionalmente la condena . La resolución cuenta el voto particular del magistrado Javier Arzua que, como ya hiciera en el anterior auto de la Audiencia, considera que la sala ha aplicado una “visión excesivamente restrictiva” sobre el cumplimiento de las penas de prisión y alerta de que en encarcelamiento “difícilmente permite cumplir” los fines de reinserción y reeducación. El tribunal que ha confirmado el ingreso de prisión de los tres condenados por el caso Pallerols tiene una composición diferente al que dictó el primer auto -suscrito por una magistrada suplente que ya ha cesado-, pero la decisión de la sala, completada con la magistrada María José Magaldi, ha tenido finalmente el mismo sentido.

– El hijo del expresidente de la Generalitat catalana envió dinero a países como Suiza, las islas Caimán, Gabón y Liechtenstein. Realizaó 118 movimientos desde tres bancos entre 2004 y 2012 a tñitulo personal o a travás de varias sociedades. La Agencia de Tributaria solicita documentación a las tres entidades bancarias. Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, movió 32,4 millones de euros en trece países , entre ellos Suiza, Islas Caimán, Gabón y Liechtenstein, en un total de 118 movimientos desde tres bancos entre 2004 y 2012 , según datos de la Agencia de Tributaria. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga una denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola por supuesta evasión de capitales a Andorra, da cuenta de estos datos de la Agencia Tributaria en un auto, en el que pide a los tres bancos -BBVA, Mediolanum y Crédit Suisse- que remitan en quince días toda la documentación sobre estas cuentas. Ruz detalla que los 118 movimientos de tráfico de divisas por un total de 32.407.658 euros los -ctuó, desde el 30 de marzo de 2004 hasta el 28 de noviembre de 2012, el propio Pujol o alguna de las cinco sociedades que la Agencia Tributaria ha detectado vinculadas a él, “con salida o destino, según los casos”, a trece países. Estos países son: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón. La Agencia Tributaria, según el auto, ha constatado que Pujol Ferrusola ha tenido relación directa desde 2004 como “socio, administrador o autorizado” en cuentas bancarias de las sociedades: Inter Rosario Port Services, Iniciatives Marketing I Inversions, Iberoamericana De Business And Marketing, Project Marketing y Active Translation. A raíz de estos hallazgos, Ruz pide a esos tres bancos que le remitan “en la mayor brevedad” y siempre antes de quince días tanto la información que tengan sobre cualquier cuenta a nombre de Pujol Ferrusola como de las cinco sociedades vinculadas a él, incluyendo productos que estén ya cancelados. A la Agencia Tributaria no le consta que Pujol Ferrusola se acogiera a la amnistía fiscal , en respuesta a la información que le requirió el juez el pasado 5 de febrero y con la que trataba de comprobar si tenía ingresos procedentes de fuera de España. La denuncia de la expareja El juez hizo este requerimiento a Hacienda a petición de la Fiscalía Anticorrupción después de que el pasado día 17 la expareja de Jordi Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, ratificara en la Audiencia Nacional su denuncia por supuesto blanqueo de dinero contra el hijo del expresidente catalán, a quien dijo haber visto transportar a Andorra grandes cantidades en billetes de 500 euros . El magistrado le tomó declaración a instancia de la sección tercera de la Audiencia, que entendía que los datos aportados por la mujer en su declaración ante la Policía eran “significativos de obvias imputaciones delictivas a Pujol Ferrusola y a miembros de su familia”. La petición de la Fiscalía supuso un impulso a la investigación contra el hijo del expresidente autonómico , ya que el ministerio fiscal entiende que la denuncia de la mujer podría suponer la comisión de hechos delictivos por parte de Jordi Pujol Ferrusola. María Victoria Álvarez Martín denunció a la Policía el pasado mes de diciembre diversos viajes entre los años 2006 y 2008 a Andorra, Reino Unido, México y Argentina y, respecto a los del primer país, explicó que su expareja llevó en el maletero de su coche grandes cantidades de dinero en billetes de 500 euros. Sobre los viajes a México, se refirió a inversiones en la construcción de un hotel y negocios de gestión de casinos y, en cuanto a Londres, indicó que participó en una reunión como posible inversora de una empresa de telecomunicaciones. Según expuso la Fiscalía tras la declaración policial, estos hechos “son representativos de datos o indicios que, de poder ser concretados o ampliados, permitirían una investigación penal por presuntos delitos de blanqueo de capitales y/o delitos contra la Hacienda pública “.

– Tras una campaña de inspecciones realizada por la Dirección General de Industria. Solo en la capital hay 29 establecimientos con irregularidades. En Parla se han -ctuado 11 inspecciones y otras dos en Leganés. Una campaña de inspecciones de la Dirección General de Industria ha detectado en Madrid que el 60% de las balanzas que se emplean en los negocios de compra-venta de oro no reúnen los requisitos que exige la normativa. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional, Enrique Ossorio, ha explicado este martes que la campaña se ha centrado en la metrología y, por ende, en comprobar si las básculas que se emplean para pesar las piezas de plata u oro cumplen todos los requisitos que exige la normativa. Ha recordado que estos instrumentos deben ser comprobados antes de su puesta en funcionamiento; pasar una revisión cada dos años y siempre que sean sometidos a una reparación. “Esto garantiza a los ciudadanos que vendan oro que el pesaje del producto está sometido a las normas legales”, ha dicho Ossorio, tras incidir en que en las operaciones de compra y venta de oro “un pequeño margen de error significa mucho dinero”. En este contexto, la Dirección General de Industria ha hecho comprobaciones en 29 establecimientos de la capital que han afectado a 37 balanzas, resultando que “en el 60% de los casos no reunían los requisitos”. Además, en el municipio de Parla se han -ctuado once inspecciones y otras dos en la localidad de Leganés que también han arrojado irregularidades. El consejero ha asegurado que, paralelamente al desarrollo de esta campaña, la Dirección General de Consumo va a iniciar actuaciones conjuntas con el Ayuntamiento de Madrid y con todos aquellos que estén interesados en el control de este tipo de negocios. Además, la Comunidad publicará en su página web el modelo de etiquetas que las balanzas deben mostrar en lugar visible y que fijan los controles de metrología a que han sido sometidas.

EP El Tribunal de Cuentas recomienda que los cargos municipales limiten su presencia en otros órganos y que reduzcan las dietas que reciben. El Tribunal ha expuesto este martes un informe de la fiscalización de entidades locales que incluye el sueldo de los dirigentes locales. Según el informe, los alcaldes de Zaragoza, Madrid, Alcalá de Henares, Barcelona o Valencia tienen sueldos más altos que el de Rajoy. El Gobierno se plantea fijar límites para las retribuciones de estos cargos. El Tribunal de Cuentas ha recomendado este martes a los cargos electos municipales que limiten su presencia en consejos de administración y otros órganos, así como el importe global que perciben por asistir . Recomienda evitar la duplicidad en las actuaciones y el solapamiento de competencias , así como de las entidades que no prestan servicio alguno o que carecen de actividad y promover fórmulas de agrupación de entidades locales para economizar y mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios. Aconseja limitar el número de entes a los que pueda pertenecer un cargo electo de forma concurrente como miembro o representante de la entidad, así como el importe global a percibir en concepto de asistencia. El presidente del órgano, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado este martes en la Comisión Mixta para la Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada en el Congreso, los informes de fiscalización del sector público local de los ejercicios 2004 al 2010. En su opinión, el mapa local de España se caracteriza por su disparidad y heterogeneidad.  Ha recordado que hay un porcentaje relevante de entidades que no rinden cuentas y cuando lo hacen, frecuentemente, están incompletas, descuadradas y con errores, aunque la situación va mejorando.  Hay que fiscalizar a casi 13.500 entidades locales y no existe un registro “válido y completo” que recoja los entes que existen , lo que dificulta la acción fiscalizadora del Tribunal. Ha aludido al desarrollo de sociedades mercantiles, que no responde a nuevas necesidades o a la racionalización de la gestión municipal, sino a la “deliberada huida de los controles internos o del control político municipal y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado”, en el que poder incrementar el “margende discrecionalidad” en las decisiones que afectan a la contratación, ejecución de inversiones y la prestación de servicios públicos. Para superar las deficiencias, aconseja hacer un mapa local acorde a las necesidades demográficas, económicas y sociales actuales y orientado a formas “más lógicas” para la prestación de servicios al ciudadano. Sueldos entre 52.000 y 75 euros Álvarez de Miranda, también ha expuesto el informe que demuestra que un tercio de los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes y de los presidentes de Diputación Provincial cobra más al año, incluyendo dietas, que su correspondiente presidente autonómico y que una quinta parte de ellos incluso gana más que el presidente del Gobierno . Estas 172 entidades analizadas abonaron en 2010 casi 170 millones de euros en retribuciones de cargos electos, observándose unos niveles más altos en las diputaciones que en los ayuntamientos. La retribución media pagada a los miembros de corporaciones locales fue de 37.970 euros al año, si bien las cifras se elevan en el caso de concejales y diputados provinciales hasta los 52.439 euros , en los tenientes de alcalde y vicepresidentes de diputación hasta los 60.975 euros y los alcaldes y presidentes de diputación hasta 74.463 euros . Eso sí, la mitad de estos cargos superan esa media . La retribución máxima la obtuvo el presidente de la Diputación Provincial de Alicante y ascendió en 2010 a un total de 141.428 euros, el doble de la media. En el caso de los alcaldes, el máximo fue de 121.466 euros. Comparando estas retribuciones con otras instituciones, el Tribunal de Cuentas ha detectado que el 9% de estos cargos superó las retribuciones de los consejeros autonómicos y un 6% estuvo por encima de lo recibido ese año por los ministros del Gobierno central. Los mejor pagados El 31% de los alcaldes y presidentes de diputación ganó más que el presidente de su comunidad y un 21% superó incluso lo cobrado ese año por el j- del Ejecutivo . Las diez entidades cuyo alcalde o presidente supera en mayor proporción el sueldo del presidente del Gobierno son las siguientes: las diputaciones de Alicante y Barcelona, los ayuntamientos de Zaragoza, Barcelona, Alcalá de Henares, Madrid, Valencia, Alcobendas y Las Rozas (Madrid), y la Diputación de Girona. A renglón seguido, el órgano fiscalizador propone regular baremos objetivos a la hora de fijar retribuciones , así como poner límites cuantitativos a las mismas. También pide restringir el número de entidades a las que puede pertenecer un cargo electo. En aras de una mayor transparencia, la institución recomienda a las entidades locales que den publicidad de los acuerdos que adoptan en materia de sueldos, dietas por asistencia e indemnizaciones, dado que actualmente son una minoría las entidades que aseguran haber dado publicidad a su régimen de retribuciones. Precisamente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quiere fijar unas tablas salariales en las que se homologarán los sueldos municipales a los de los altos cargos del Estado y se tendrá en cuenta el número de habitantes de la corporación local. Su idea es que ningún regidor cobre más que un secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales está fijada en 68.365 euros, un sueldo que cobrarán los regidores de grandes ciudades, mientras que el resto cobrará por debajo de ese tope. Con esta medida los alcaldes de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Zaragoza verán reducido su sueldo una media de al menos un 28%. En su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda también expone los informes de fiscalización del sector público local de 2008, y de los sectores autonómicos y local de los ejercicios que van de 2004 al 2007.

JOSÉ LUIS OBRADOR El PSPV-PSOE recurrió la sentencia absolutoria dictada en el TSJ valenciano. Consideraba que los hechos probados no se correspondían con el fallo del jurado. El caso costó el puesto a ambos dirigentes antes de la apertura del juicio oral. El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la absolución del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el ex secretario regional del PP Ricardo Costa en la causa de los trajes de la trama Gürtel , donde estaban acusados de un presunto delito de cohecho pasivo impropio por aceptar el pago de prendas de vestir por parte de la trama corrupta Gürtel. El PSPV-PSOE recurrió la sentencia al entender que existió una contradicción entre los hechos declarados probados por parte de los miembros del jurado y el fallo final. La decisión del alto tribunal, tomada por los votos de cuatro magistrados contra uno , da el carpetazo definitivo a esta derivada del caso Gürtel , que costó la presidencia de la Generalitat a Camps, forzado a dimitir por la dirección nacional del PP con motivo de la apertura del juicio oral. Meses antes, Ricardo Costa fue destituido como secretario general del partido. La Sala ha tomado esta decisión, según fuentes del Supremo, con el voto particular de Joaquín Giménez García. De este modo, desestima el recurso al entender, conforme a la doctrina establecida, que concurrían “las mayorías necesarias para declarar no probados los hechos desfavorables del objeto del veredicto” y que la motivación -ctuada por el jurado “no ha sido arbitraria, ilógica o irrazonable” , al individualizar las pruebas y elementos de convicción que le han llevado al veredicto de no culpabilidad. Ambos dirigentes, pese a la absolución en el juicio, cayeron en el ostracismo político en la Comunitat Valenciana. Actualmente son diputados autonómicos. Francisco Camps es, además, miembro del Consell Jurídic Consultiu y da clases en la Universidad Católica de Valencia.

AGENCIAS / – / VÍDEO : ATLAS Al inicio de la vista, ‘El Solitario’ se ha caído al suelo y cuando la juez le pidió que se pusiera “en pie”, el acusado se tiraba de nuevo al suelo. Fue reconocido por un médico y la juez le ha reprendido por “simular” estar mareado, cuando se encuentra “en buen estado de salud”. La acusación pide hasta 11 años de cárcel por un atraco. El delincuente más buscado de España durante 15 años asesinó a dos guardias civiles en 2004. La juez de lo penal número 17 de Madrid ha rechazado este martes suspender el juicio que se celebra contra Jaime Giménez Arbe, conocido como ‘El Solitario ‘, por un atraco en Alcobendas cometido en 2006 porque simula estar en mal estado de salud. Al inicio de la vista, los abogados del acusado, Andrés Abadie y Javier Álvarez, han pedido la suspensión de la vista alegando que el conocido atracador no se encuentra bien porque está en huelga de hambre y de sed para denunciar las condiciones en que se encuentra en la prisión portuguesa en la que cumple condena. ‘El Solitario’ se ha caído al suelo y cuando la juez le pidió que se pusiera “en pie”, el acusado se tiraba de nuevo al suelo, por lo que tuvo que ser sentado en una silla por dos guardias civiles que le custodian. Tras aparentar que sufría un mareo, fue reconocido por un médico, y a continuación la juez le ha reprendido por “simular” estar mareado, cuando se encuentra “en buen estado de salud”. Aunque afirma estar en huelga de sed, ‘El Solitario’ ha pedido dos veces agua. ” Necesito agua para recuperarme y hablar “, ha dicho. Condenado por el asesinato de dos guardias civiles El Juzgado de lo Penal número 17 de Madrid juzga a Giménez Arbe, condenado a 47 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles en Navarra, por un supuesto atraco a mano armada en un banco de la localidad madrileña de Alcobendas . El atracador más famoso de España, se enfrenta a 11 años de prisión por los delitos de robo con intimidación y uso de instrumento peligroso, tenencia ilícita de armas y falsedad documental. Según el fiscal, Giménez Arbe, movido por un ánimo de ilícito lucro, accedió al interior de la sucursal bancaria del Banco Popular de la plaza de la Moraleja número 1 de Alcobendas , el 10 de mayo de 2006, donde, tras exhibir un arma de fuego, exigió a voces a los clientes y empleados de la sucursal que “se fueran al suelo”. Acto seguido se dirigió a la caja, donde le reclamó de forma exigente e insistente a la cajera el dinero que contenía. Como quiera que no le parecieron suficientes los 21.055 euros del botín y desconfiando de la afirmación de la cajera de que no había más dinero allí, -ctuó un disparo que impactó en la zona inferior del mostrador . Después, le inquirió a la cajera para que le abriera una puerta lateral de la entidad bancaria, por donde se marchó con la cantidad sustraída a bordo de una furgoneta a la que había superpuesto, con el fin de no ser relacionado con la maniobra depredatoria -ctuada, unas placas de matrícula fabricadas de modo artesanal por él mismo. La pistola con la que cometió el atraco a la sucursal, de marca Ithaca, se encontraba en perfectas condiciones de funcionamiento, si bien el procesado carecía de licencia para su posesión y uso. Jiménez fue el delincuente más buscado de España durante 15 años y actualmente se encuentra cumpliendo condena en la prisión de Monsanto de Portugal, desde diciembre de 2008, condenado a siete años y medio de cárcel por un atraco en el país vecino . En España ya había sido condenado a 47 años de prisión por asesinar a dos guardias civiles en Navarra en 2004 .

– Se ha terminado el plazo para la presentación de enmiendas a la ILP y la PAH ha convocado concentraciones frente a todas las sedes del PP. Consideran que las enmiendas del PP rompen el espíritu de la Iniciativa. La Iniciativa Legislativa Popular presentada por la  Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el Congreso de los diputados, avalada por 1.402.854 firmas se debate estos días en la Cámara, tras acabar el plazo para presentar enmiendas por parte de los partidos políticos. Las presentadas por el PP son, en opinión de la PAH, ” una rebaja sustancial de las propuestas de la ILP ” y “perpetúan la condena y el drama en el que se encuentran miles de familias”. Por eso, la Plataforma ha convocado para este martes escraches ( concentraciones que pretenden informar sobre la ILP en su lugar de trabajo o residencia a diputados del PP) en todas las sedes del PP de las diferentes ciudades. Aunque hay horarios diferentes en todas las ciudades , la mayoría están convocadas para las 19.00 h , como es el caso de Madrid y Barcelona. Para la PAH, la ILP se admitió a trámite “gracias a la presión social” y por eso consideran que “frente a la presión de los lobbies financieros es más necesaria que nunca la presión social “, porque “el Partido Popular tiene la obligación de escuchar el clamor popular, está en manos sus manos aceptar las demandas de la ciudadanía”, aseguran.